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Noticias de okupas en España ⬛ El PSOE de los ERE llama “okupa” a Olona y dice que tiene “montado el chiringuito”


El PSOE Andaluz (PSOE-A) ha visto la ‘sangre’ con la baja en el empadronamiento de Macarena Olona en el Ayuntamiento de Salobreña que ellos mismos gobiernan. Este viernes, el secretario de Organización del PSOE-A, Noel López, ha pedido «seriedad y respeto» para los andaluces, y ha dicho que  «parece ser que esta señora es una okupa». Por si fuera poco, el PSOE de los ERE, de Isofotón, de Faffe o de Invercaria ha acusado a Olona de tener «montado el chiringuito».

A preguntas de los periodistas, según ha informado el PSOE en una nota, tras un acto como cabeza de lista a las elecciones del 19J por Granada, Noel López ha señalado que «parece ser» que la también número uno de la lista de Vox por la provincia «tiene montado el chiringuito, no precisamente en la playa de Salobreña».

«A esta tierra no se viene a experimentar y le pedimos ante todo la seriedad que merece», ha apostillado en torno a este tema, en un acto para informar sobre el Bono de Alquiler Joven a las puertas de la Facultad de Traducción, en el centro de Granada capital.

Cabe señalar que que la alcaldesa de Salobreña, la socialista María Eugenia Rufino (PSOE), ha dictado este viernes una «resolución de inicio de baja de oficio» del padrón municipal de Olona, en tanto que las averiguaciones practicadas por la Policía Local tras «varias visitas» al domicilio en el que está empadronada en esta localidad «impiden acreditar que reside en la vivienda».

Olona, sin embargo, tiene 15 días para presentar alegaciones. Sea como fuere, el Ayuntamiento socialista de Salobreña, que hace unos días aseguraba que el empadronamiento de Olona había sido completamente regular, ha logrado tramitar la baja de la misma y montar un espectáculo que terminará tras el recurso que presente la candidata de Vox.



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Noticias de okupas en España ⬛ El edil de Errejón que verificó los contratos de Medina y Luceño lideró el movimiento ‘okupa’


El concejal de Más Madrid José Javier Barbero Gutiérrez, que validó los contratos para la adquisición de material sanitario a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, fue investigado por la Policía por sus vínculos con el movimiento okupa en Madrid. Los informes policiales le situaban como el «dirigente» de dicha organización.

El incidente se produjo el 5 de enero de 2015. La Policía, tras acudir a una llamada, describió que «un grupo de 200 personas se encontraba en manifestación en la calle de la Beneficencia y que el parecer pretendían ocupar un inmueble en esta zona» e identificó al ahora edil de Íñigo Errejón como «portavoz», «interlocutor» y «dirigente» del movimiento okupa.

El informe, con membrete la Dirección General de Policía, que fue desvelado por OKDIARIO, subrayó además que «durante la intervención se puede observar que la mediación realizada por esta persona y los acuerdos alcanzados por ella son seguidos por los encerrados». La Policía concluyó que, de sus palabras, acciones y consecuencias, se «demuestra un papel dirigente y principal» de Barbero en las movilizaciones.

La magnitud de la situación hizo intervenir a la 1ª UIP (Unidad de Intervención Policial). Y de todo ello se pasó informe al Ministerio del Interior. Meses más tarde, a ese dirigente okupa a gran escala, Manuela Carmena –siendo alcaldesa de Madrid– lo nombró responsable máximo de los cuerpos municipales de Policía.

Informe de la Policía.

Contratos para las mascarillas

Ahora, este concejal podemita ha emprendido una campaña contra el alcalde José Luis Martínez-Almeida para apartarle del Consistorio madrileño. Para ello, está utilizando el caso de las mascarillas, en el que se investiga los contratos de 11,9 millones de euros a los empresarios Luceño y Medina.

Sin embargo, tal y como adelantó OKDIARIO, según consta en la documentación remitida a la Fiscalía Anticorrupción e incorporada al sumario de la causa, el miembro de Más Madrid dio el visto bueno a esas adjudicaciones que ahora critica. Las actas de la reunión celebrada el 24 de marzo de 2020 a la 1:30 horas no dejan lugar a dudas. Los concejales de todos los grupos municipales, incluidos los partidos de izquierda que han emprendido una campaña contra el alcalde José Luis Martínez-Almeida utilizando esta causa judicial, dieron su visto bueno a estas contrataciones para la obtención de mascarillas, test y guantes durante los primeros días del estado de alarma.

La Empresa Funeraria de Madrid aportó, a petición del fiscal anticorrupción Luis Rodríguez, las actas del Consejo de Administración en el que se dio luz verde para comprar material sanitario a los empresarios Medina y Luceño, según consta en el sumario. Este documento judicializado refleja que los miembros del Consejo de Administración, entre los que se encontraban el concejal de Íñigo Errejón y otro del PSOE, se reunieron de madrugada para «autorizar la contratación y el pago de dos operaciones» de compraventa de material sanitario.

Ese mismo día, sólo unas horas después, a las tres y media del mediodía, se celebró otra reunión en la que se profundizó en esta cuestión. En este punto, el edil de Más Madrid comentó algunos temas, pero no criticó la compra de material sanitario. «Tras la presentación de las operaciones, Barbero manifiesta que aunque es consciente de la excepcionalidad de la situación, desea plantear algunas cuestiones: que el Ayuntamiento dé garantía de no privatización de la empresa (…), que el alcalde se comprometa a informar a los portavoces de cambios de calado. Por ejemplo, el uso del Palacio de Hielo para meter cadáveres en vez del Instituto Forense de Valdebebas y que se informe del destino del material», según consta en la documentación aportada al Ministerio Público.

Al finalizar la reunión, los ediles de PSOE y Más Madrid trasladaron su enhorabuena por el ímprobo trabajo efectuado para hacer posibles estos contratos sanitarios. «Aprovechan para agradecer y poner en valor todo el enorme trabajo que desde el Área de Hacienda se está realizando en condiciones nada fáciles», recogen las actas.



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Noticias de okupas en España ⬛ El PSOE ven un “castigo desproporcionado” elevar las penas a los okupas


El PSOE de Pedro Sánchez y sus socios de la mayoría Frankenstein han vuelto a frenar una iniciativa legislativa en el Congreso que exige endurecer las penas de prisión para los okupas y que los desalojos policiales sean inmediatos. En esta caso, como ya hicieran con un texto similar del PP en febrero de 2021, los socialistas, Podemos y sus aliados han rechazado la toma en consideración de una proposición de ley de Vox en este sentido.

Los de Santiago Abascal abogan por «sancionar con más dureza» la okupación y proponen penas de prisión de uno a tres años para quienes accedan ilegalmente a una vivienda, de dos a cuatro años si se trata de la vivienda habitual de los propietarios y condenas de cuatro a seis años para quienes lo hagan además con violencia o intimidación. En este último caso, los populares pedían que las penas actuales (de uno a dos años) aumentan de uno de tres. No obstante, el Grupo Popular ha apoyado la iniciativa de Vox -en la que introduciría cambios- a fin de que se pueda legislar contra el creciente fenómeno de la okupación.

Sin embargo, el PSOE, de la mano de Podemos, nacionalistas, separatistas y proetarras, se ha opuesto a la toma en consideración de la proposición de ley esgrimiendo que las medidas planteadas por Vox serían un «castigo desproporcionado» para los okupas y generarían «inseguridad jurídica» a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según ha señalado la diputada del PSOE Gemma Araujo desde la tribuna.

Durante la defensa de su iniciativa, la portavoz de Vivienda de Vox en la Cámara baja, Cristina Esteban, ha relatado el caso de Mari Carmen Serra, una mallorquina que no tuvo más remedio que mudarse con su hermana tras la okupación de su vivienda y a la que le llegaron a notificar el embargo de la nómina para cubrir los recibos de la luz de dicho inmueble. La diputada de Vox ha continuado leyendo el testimonio de Mari Carmen, que fue amenazada con una denuncia por acoso si se acercaba por su vivienda.

Derramas, luz…

Esteban también se ha referido a otro caso, el de Pilar y su vivienda en Torrevieja de 60 metros cuadrados.»¿Conocen sus señorías el caso de Pilar?», se ha preguntado Esteban. «Si no lo conocen, es porque no la han querido escuchar. Porque ella sí ha pedido reunirse con todos los grupos y ha venido a manifestarse al Congreso con la Plataforma de afectados por la Okupación y la Inquiokupación», ha señalado la diputada de Vox.

«Pilar, por fin, acaba de recuperar su casa y ha gastado 22.300 euros en mantener 950 días a unas okupas en su casa. Además de pagar la comunidad y el IBI, ha tenido que hacer frente a una derrama: Derramas, luz, agua, plusvalías, cerrajero, arreglar los destrozos varios… Procuradores, abogados, hasta tres cancelaciones de lanzamientos, noches sin dormir…», ha lamentado Esteban, denunciando la «okupación amparada por el Gobierno» socialcomunista.

Ineficacia 

«El testimonio de Pilar evidencia la ineficacia de los legisladores: ¡Qué vergüenza tendría que darles! No son capaces de proteger a los ciudadanos de bien, que son quienes confían en nosotros y quienes pagan con su esfuerzo unas administraciones que se ríen en su cara», ha lanzado la diputada de Vox a la bancada de la izquierda del hemiciclo.

En su proposición de ley de reforma del Código Penal, Vox sostiene que la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles «no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados, quienes toman ilegítimamente para sí viviendas u otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de actuar por falta de cobertura legal», añade la formación de Abascal.

Además, el texto de Vox rechazado por la Cámara baja plantea que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan desalojar a los okupas que se encuentren en el interior de un inmueble «si, mediando denuncia o querella, existiera apariencia de usurpación u ocupación ilegítima», así como «aquellos no dieran razón suficiente que legitimase su conducta». Todo ello, «a efectos meramente preventivos» y sin resolución judicial previa, que sería siempre «ulterior» a la actuación policial para adoptar las medidas pertinentes.



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Noticias de okupas en España ⬛ Un alcalde se encara a unos okupas con un hacha para echarlos de su propiedad




El alcalde de Caldes de Malavella, en Girona, se enfrenta con un hacha a los okupas que se encontraban en una casa suya



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Noticias de okupas en España ⬛ Un alcalde se encara a unos okupas con un hacha para echarlos de su propiedad



Polémica en las redes por un vídeo donde el alcalde de Caldes de Malavella (Girona) y presidente del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, se encara con unos okupas y les amenaza con un hacha. Las imágenes en redes muestran cómo Balliu discute con los jóvenes y, empuñando el hacha, les grita: “Os quiero fuera” y “A mí me han pagado para que os eche”. Los hechos tuvieron lugar el Lunes de Pascua. 

El alcalde de Caldes explica que, en realidad, el agredido fue él, porque cuando fue a su propiedad aparecieron dos jóvenes con palos y con un perro. Admite que se puso nervioso por una situación que no le desea “a nadie” y que se defendió con lo primero que encontró. También dice que el vídeo solo enseña una parte de lo que pasó, pero pide disculpas por si alguien se ha sentido ofendido.

El vídeo que corre por las redes sociales está grabado con un móvil y dura unos 45 segundos. Se ve en él al alcalde de Caldes con un hacha en la mano mientras discute con los okupas. Uno de los jóvenes que aparece en el vídeo -dos chicos y una chica- tiene un palo en la mano. Balliu les dice que los quiere “fuera” y uno de ellos le responde: “Vale, nos iremos, pero ¿de qué vas?” en referencia al hacha.

Este lunes a las 19 horas, el alcalde ha convocado una junta de portavoces con la oposición para exponerles lo sucedido

La chica, que está sentada en el suelo, le pide a Salvador Balliu si es el alcalde. “No, a mi me han pagado para que os eche”, le contesta él. “Os quiero fuera, a los dos”, reitera el alcalde de Caldes con actitud amenazadora, en referencia al plazo que les da para que se vayan. “Vale, pero espera tío, que no hemos encontrado nada, que es Semana Santa”, le dice uno de los okupas.

El vídeo ya ha provocado reacciones de la oposición de Caldes. Los tres grupos que la forman (SomCaldes, ERC y En Comú Podem) dicen que la actitud de Balliu es “inadmisible”. “Nadie puede tomarse la justicia por su mano, y menos un cargo público como el señor Balliu”, dice la oposición. Los tres grupos estudiarán qué hacer, pero ya avanzamos que no ven “justificación posible” y que creen que el alcalde tendría que dimitir “inmediatamente”.

Por su parte, Salvador Balliu dice que no le desea “a nadie” la situación que vivió, que pasó muchos nervios y que el agredido fue él. El alcalde y presidente del Consell explica que esta finca, situada en la urbanización Can Solà Gros, es suya y que la tiene en venta.

Dice que por Semana Santa, cuando él estaba de vacaciones, la Policia Local le llamó para explicarle que le habían entrado unos okupas en su propiedad. Los agentes hablaron con los jóvenes, y ellos se comprometieron a irse el Viernes Santo. El sábado, cuando Balliu llegó de vacaciones, la policía fue a comprobar si los jóvenes todavía estaban allí. 

De hecho, el domingo, Balliu volvió a la finca y no se encontró a nadie. Puso unas bridas en las vallas y las puertas –”era la única cosa que tenía”, ha dicho- y el Lunes de Pascua fue a un bazar chino a comprar cerraduras, para reponer las que los okupas habían roto.

“A empujones y golpes”

“Cuando entré en mi casa salieron un perro, una chica y dos jóvenes que llevaban palos; me comenzaron a amenazar y a increpar, y me echaron a empujones y golpes”, ha explicado el alcalde de Caldes. Salvador Balliu dice que, en aquel momento, sufrió por su “integridad” y que fue “una situación muy mala” que no le desea a nadie.

Salvador Balliu cree que el vídeo lo han difundido los propios okupas y que ya ha puesto los hechos en manos de sus abogados, porque siente que le han “atacado”

Fue entonces cuando decidió defenderse y cogió lo que tenía más a mano –el hacha- entre las herramientas que llevaba en la furgoneta (con las que quería reparar las cerraduras). Es este el momento que muestra el vídeo, en el que Balliu subraya que también exhibe cómo los jóvenes llevan palos.

El alcalde dice que, a pesar de sus cargos políticos, actuó “en nombre propio” y a título particular. “Estaba en mi casa y me encontré con unas personas que salían del interior y me amenazaban con palos”, reitera. El alcalde también dice que el vídeo se ha de contextualizar, porque solo muestra una parte de lo que pasó. “Me sabe mal que se haya difundido y pido disculpas si alguien se ha sentido ofendido; pero la verdad es que el agredido fui yo; estaba en mi casa y me echaron”, insiste. Explica también que los okupas, al día siguiente, abandonaron la finca.

El alcalde también ha admitido que le dijo a los okupas que le habían pagado para echarlos porque ellos insistían en que él era el alcalde y que no les podía hacer nada. 

Salvador Balliu cree que el vídeo lo han difundido los propios okupas. Cree que los grupos de la oposición han de escuchar su explicación, porque las imágenes solo muestran una parte de lo que pasó. Este lunes a las 19 horas, ha convocado una junta de portavoces con la oposición para exponerles lo sucedido. Les pide que le escuchen y que, después, le hagan todas las preguntas que necesiten.

“Deseo que nadie se encuentre en esta situación”, dice Balliu. “Al final, me tuve que defender de alguna manera, que no fue más allá de lo que se ve en el vídeo”, añade el alcalde.

“En ningún caso mi reacción se ha de entender como una agresión ni como una amenaza hacia los okupas, sino como una respuesta de una persona que se siente indefensa en su propia casa”, subraya Salvador Balliu. “Lamento profundamente la situación desagradable que se ha generado, la confusión y la polémica”, afirma.



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Noticias de okupas en España ⬛ Un alcalde de Gerona empuña un hacha para echar a unos okupas de una vivienda suya


El alcalde de Caldes de Malavella (Gerona) y presidente del Consejo Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, ha protagonizado un vídeo viral en las últimas horas. En la grabación aparece empuñando un hacha y encarándose con los okupas que disfrutaban de una vivienda de su propiedad. Este domingo ha asegurado, ante las imágenes difundidas en las redes sociales, que actuó «en defensa propia».

El vídeo muestra como Balliu, del partido Junts per Caldes, se enfrenta verbalmente a esos individuos con un hacha en la mano, y según ha detallado en una nota de prensa, acudió a la casa convencido de que la policía había solucionado el asunto y de que no había nadie en el lugar.

El alcalde, que gobierna un municipio de 7.458 habitantes, comenta que se encontraba de viaje cuando se le notificó la ocupación de su finca y que lo puso en conocimiento de las autoridades para que se abriesen diligencias. A su regreso, apunta que le comunicaron que esas personas iban a abandonar la vivienda el pasado domingo 17 de abril, por lo que al día siguiente fue a la propiedad «convencido de que ya se habían marchado».

Sin embargo, como Salvador Balliu explica en el comunicado, al llegar, se encontró con «la desagradable sorpresa» de que la casa seguía ocupada.

«No sólo eso, sino que los ocupantes salieron con unos palos amenazando a mi persona», denuncia públicamente Balliu, quien apostilla que, «ante esas circunstancias» y temiendo por su integridad, corrió hasta su coche y cogió «la primera herramienta» que encontró para defenderse, un hacha que utiliza para trabajos de jardinería. Con ella volvió a la finca, donde los okupas, esgrime, le siguieron increpando y comenzaron a grabar las imágenes que corren por internet.

«Asustado, me fui enseguida, muy nervioso y sintiéndome muy impotente», lamenta el regidor catalán, quien aclara que, en ningún caso, su reacción debe entenderse «como una agresión ni como una amenaza hacia los okupas, si no como respuesta de una persona que se siente indefensa en su propia casa». El alcalde afea «profundamente la situación desagradable que se ha generado, la confusión y la polémica».

Reacciones

Uno de los grupos municipales en el ayuntamiento de Caldes de Malavella, SOM Caldes, ha calificado de «inadmisible» la actuación de Salvador Balliu, ha reclamado que dimita y ha confirmado que se reunirá próximamente con ERC y En Comú Podem, partidos en la oposición, para discutir «las acciones a emprender», informa EFE.

Por su parte, el líder de Vox en Gerona, Alberto Tarradas, ha comentado sobre el caso: «Los separatistas protegen a los okupas con tu dinero y te llaman de todo si se te ocurre quejarte cuando te okupan ilegalmente tu casa. Ahora, cuando los okupas tocan la propiedad de un separatista… la cosa cambia».



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Noticias de okupas en España ⬛ #SinComentarios: Alcalde separata echa con un hacha a okupas de su propiedad



Se llama Salvador Balliu, es alcalde de Caldes de Malavella (Gerona), presidente del Consejo Comarcal de La Selva y está copando los medios de comunicación por unas imágenes en las que se le ve, hacha en mano, amenazando a unos okupas que han ocupado su propiedad.

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Sí, un alcalde separata, de esos que claman por la okupación, que defienden los derechos de los okupas, pero que actúa de esta manera cuando ve su propiedad en riesgo.

Os dejamos con las imágenes del momento y es que, estos separatas, actúan como cualquier persona normal cuando ven amenazada su propiedad. Y además, hablando en español…



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Noticias de okupas en España ⬛ Un alcalde catalán intenta echar a okupas de su propiedad con un hacha


  • La oposición de Caldes de Malavella pide la dimisión de Salvador Balliu, de Junts, estupefacta ante unas imágenes que han corrido como la pólvora en el municipio de la comarca de La Selva

  • El edil admite que se equivocó pero asegura que se asustó porque creía que la casa estaba vacía y salieron a recibirle “con palos”

El alcalde de Caldes de Malavella, Salvador Balliu, intentó durante la pasada Semana Santa tratar de echar a unos okupas que se instalaron en una vivienda de su propiedad, ubicada en una urbanización del municipio. Quiso expulsarlos esgrimiendo un hacha e incluso haciendo ademán de atacar cuando se dio cuenta de que habían sacado un teléfono móvil para grabarlo.

En esa secuencia, que ha corrido como la pólvora por el pueblo, se escucha a Balliu repetir a los okupas “¡A las dos!” -supuestamente para indicar la hora límite que tenían para irse de su propiedad- y también ocultar que es el dueño de la casa: “A mí me han pagado para que os eche”, les suelta. 

En el vídeo se aprecia a uno de los okupas, sentado frente a él, en el suelo. Y se oye a otro, el que graba, que le pide que se detenga. La reacción de Balliu, que también es el ‘president’ del Consell Comarcal de La Selva -gobierna tanto en el consistorio como en el consejo con el apoyo del PSC-, ha dejado estupefacta a la oposición, que pide su dimisión.

Y ha consensuado este texto: “Creemos que es inadmisible la actuación del alcalde, nadie puede tomarse la justicia por su mano y menos siendo un cargo público, esta tarde nos reuniremos los grupos que ejercemos la oposición en el Ayuntamiento (SomCaldes, ERC y En Comú Podem) para discutir las acciones a emprender. Creemos que no hay justificación posible y que el señor Balliu debe dimitir inmediatamente. No podemos entender que Junts no se haya posicionado claramente en contra de esta actuación y lamentamos haber conocido hechos tan graves a través de las redes sociales”.

Caldes tiene como otras localidades de la zona problemas con las ocupaciones. Sobre todo, en sus urbanizaciones. Balliu se había mostrado combativo contra la proliferación de plantaciones de marihuana, que se esconden detrás de algunas de estas ocupaciones. Y en la población impulsó un protocolo, no exento de polémica, para actuar en contra de estas. Un protocolo que ahora, subraya la oposición, se ha saltado cuando una de sus propiedades se ha visto afectada.

La versión del edil

En declaraciones a este diario, Balliu ha explicado que supo de la ocupación por la policía municipal mientras se encontraba fuera de viaje. Que al regresar, el día 17, acudió en compañía de los agentes y vio la propiedad vacía pero detectó que habían cambiado las cerraduras. “Volví el lunes 18 solo, con candados para cerrar la casa, creyendo que no había nadie”, asegura. “Pero salió una mujer con un perro de grandes dimensiones y después dos jóvenes con palos”, prosigue. “Me asusté y fui a la furgoneta donde tengo herramientas de campo y cogí el hacha. Actué mal pero fue porque actué en caliente”, admite. 

Balliu ha convocado mañana a los portavoces del resto de partidos para explicar lo ocurrido.

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Noticias de okupas en España ⬛ ‘Okupas’ en la casa cuartel: agentes jubilados con piso oficial a los que no echa ni la Guardia Civil


  • Los guardias civiles pueden acceder a viviendas oficiales gratuitas durante sus años de servicio

  • Deben abandonarlas al jubilarse, pero algunos no tienen dónde ir y se quedan de ‘okupas’

  • En esos casos, la Guardia Civil debe denunciarles y esperar a que un juez ordene su desalojo

  • Desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil indican que estas incidencias son “muy comunes”: “Pasa en todos los rangos”

Cuando un guardia civil pasa a reserva o retiro cesa su derecho a usar el pabellón. En lenguaje ordinario, eso significa que cuando un guardia civil se jubila tiene que marcharse de la vivienda oficial en la que está. Así lo establece la Orden General número 5 de 2005, publicada en el boletín oficial del cuerpo. Y, sin embargo, no siempre ocurre.

Llega un momento en el que tienen que desalojar la vivienda y no lo hacen. Es muy común”, dice Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. “Pasa en todos los rangos. Van destinados a un sitio, se piensan que estarán tres o cuatro años y al final pasa el tiempo, hacen vida, forman una familia, sus hijos se hacen mayores y cuando llega la jubilación no tienen una vivienda adquirida o sitio al que mudarse para dejar el pabellón. Se acomodan porque no tienen que pagar nada: ahora mismo, en los pabellones solo se pagan los gastos de mantenimiento, la luz y el gas. No se cobra un alquiler. Entras y te acostumbras a no tener ese gasto”.

“En la empresa privada te dejan el ordenador, el móvil o el coche, por poner ejemplos. Y cuando te vayas tendrás que entregarlos: es lógico, lo sabes desde el minuto uno. Pues en la Guardia Civil con los pabellones es igual”, añade Agustín Leal, portavoz de la asociación de guardias JUCIL. “No es tan habitual, pero al fin y al cabo los guardias civiles somos un reflejo de la sociedad. Si no lo abandonas se procede en los juzgados como un desalojo normal”.

La Guardia Civil dispone de 36.329 viviendas repartidas por todo el territorio, según los últimos datos facilitados por transparencia y publicados en El Independiente. Y hay 76.642 guardias civiles en España, algo más del doble que pabellones.

Vivir en un pabellón es prácticamente gratis, si bien no todos los consultados lo consideran un privilegio porque implica residir en el lugar de trabajo, con todo lo que eso conlleva.

“Yo llevo 35 años en la Guardia Civil y nunca he tenido pabellón”, continúa Leal. “Te los dan según la antigüedad, el número de hijos o el cargo. Si eres el comandante de puesto quieren que vivas en el cuartel, porque estarás disponible las 24 horas. El titular del pabellón es el agente mientras está en activo”. Su aceptación es, en cualquier caso, voluntaria.

“La Guardia Civil comienza su andadura con la pretensión de situarse en todo el país. La idea del acuartelamiento era fantástica para atraer gente: te ofrezco vivienda para ti y tu familia a cambio de máxima disponibilidad y de que te pueda mandar a cualquier punto, al pueblo más perdido”, explica Daniel Pinzón Ayala, arquitecto, autor de una tesis doctoral sobre las casas cuartel y de una cuenta de Twitter que divulga sobre ellas.

“Fue una apuesta de convivencia novedosa a mediados del S.XIX. En el decreto fundacional ya se recoge la idea de que convivan los guardias con sus familias. Cohabitan dos grupos sociales: gente que se rige por la jerarquía militar y gente que se rige por la civil. Y los guardias no dejan de ser usuarios de un bien público mientras tienen una vinculación laboral. Por eso no es extraño que surjan estas disfunciones”.

Los ‘okupas’

Las disfuncionalidades a las que se refiere Pinzón son las que aparecen cuando el guardia o su familia tiene que abandonar la vivienda pública que se le ha cedido y no quiere.

Al haber más guardias que pabellones, hay trabajadores esperando ‘su turno’ que se ven perjudicados.

En estos casos, tal y como establece la orden general de pabellones, se procede a la ejecución forzosa por la vía administrativa: esto es, la Dirección General de la Guardia Civil denuncia al ocupante y se inicia un proceso judicial que puede terminar con su desahucio.

Paradójicamente, son las propias Fuerzas de Seguridad del Estado —en este caso, las policías locales— las competentes para ejecutar lanzamientos.

Fuentes de la Guardia Civil aseguran a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que no disponen de datos sobre cuántos procedimientos judiciales por ocupación ilegal de pabellones existen, ni aclaran cómo de frecuentes son. Pero todos los guardias civiles consultados, tanto pertenecientes a asociaciones como no, reconocen estar al tanto de casos así.

No todos son jubilados: hay también hijos de guardias fallecidos que no se marchan, divorcios en los que se adjudica la vivienda a la pareja y se destina al o a la guardia a otro sitio e incluso guardias sancionados a los que se revoca el derecho a pabellón pero pretenden seguir viviendo en él.

En la base de datos del Consejo General del Poder Judicial aparecen diversas sentencias sobre desalojos de pabellones.

Una de ellas es la de Horacio (nombre ficticio), un sargento destinado en Cantabria que fue suspendido de empleo y sueldo seis meses con pérdida de destino y consecuente desalojo del pabellón. Horacio recurrió la resolución alegando, entre otras cosas, su “derecho al uso de una vivienda digna para él y su familia”. El recurso fue desestimado, confirmando la orden de desalojo.

Otra, la de Severiano (nombre ficticio), guardia civil en situación de retiro (jubilado con más de 65 años) que solicitaba prorrogar su estancia en el pabellón por la “dependencia de su cónyuge”. Le fue denegada y se confirmó el desalojo porque había 150 guardias esperando vivienda oficial.

“El caso de los jubilados y el del fallecimiento es muy común”, dice Carmona, de la AUGC. “A veces el padre fallece o se jubila y el hijo se queda ahí viviendo y no se quiere ir. Si es mayor de edad, lo que tarde el juzgado en echarlo. Si hay hijos menores y no tienen donde vivir, no les echa”.

Blanca (nombre ficticio) estuvo casada con un agente y tiene a su cargo una hija con discapacidad. Vivían en una vivienda del Colegio de Guardias Jóvenes, en Valdemoro (Madrid), hasta que a él le destinaron a Tenerife y a ella le dijeron que se tenía que marchar.

Lo confirmó una sentencia, que Blanca recurrió alegando que en el divorcio el juez le concedió la vivienda a ella y que sobre la orden general que regula los pabellones “debe prevalecer el artículo de la Constitución que reconoce el derecho de todos los españoles a disfrutar de una vivienda digna“.

Argumentó, además, que la Guardia Civil dispone de viviendas vacías. “La Administración prefiere tener pabellones sin utilización, dejando a familias en la calle con cierto derecho a ocuparlas”, decía su apelación.

Su recurso fue desestimado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid confirmó que tenía que dejar la vivienda, entendiendo que el derecho de su exmarido a ocuparla iba asociado al destino. Y que, en el momento en que se fuera a Tenerife, lo perdía. Además, había 23 guardias en lista de espera.

“Si dejas de ser guardia, si te expulsan del cuerpo o si te dan otro destino, pierdes el derecho a ocupar el pabellón”, explica la abogada especializada en derecho inmobiliario María José Hermoso, del despacho Urbaniuris, que revisó varias resoluciones sobre este tema. “El derecho civil no tiene competencia para modificar un régimen de uso especial. Pongamos una familia en la que él es el guardia y es titular de un pabellón. Se divorcian y el juez atribuye la custodia a la madre, que no es titular del pabellón. Si luego su ex-marido es expulsado de la carrera, o cambia de destino, ella puede ser perfectamente expulsada de ese domicilio. Ya no tiene su derecho de uso. No le vale esgrimir que tiene una sentencia del juez de familia. Y tiene lógica: no puede ser que tenga más derecho a un pabellón la ex-mujer y los niños de un Guardia Civil que la mujer y los niños de un Guardia Civil [que estén esperando un pabellón]. Sería discriminatorio”.

Hermoso ve normal que haya material suficiente en las bases de datos jurídicas, que los guardias que no abandonan su pabellón cuando les toca recurran las sentencias de desalojo. “Son muy guerreros. Precisamente por su condición de miembros de un cuerpo de seguridad se creen con derecho a llevar las cosas al límite“, opina. “El que cumple las normas, cumple, pero el que no lo hace lo quiere estirar todo”.

“Yo he visto guardias a los que les ha pasado eso. Se tiran 30 o 40 años y cuando se jubilan dicen: ¿ahora dónde voy?“, añade Pinzón, que además de arquitecto es hijo del cuerpo y se crió en una casa cuartel. “También es cierto que vivir en una casa cuartel está bien a veces, otras es duro. Se pierde cierta privacidad. Ahora ha cambiado, pero yo recuerdo aquello como una gran familia para lo bueno y para lo malo. Hay gente que a la primera oportunidad de salir lo hacía encantado“.

Como una vivienda social

Sabiendo que tienen que dejar la vivienda oficial al jubilarse, lo normal es que los agentes compren otra para mudarse llegado el momento. La orden general no dice que sea incompatible ser propietario con disfrutar de pabellón gratuito. También hay quien prefiere marcharse antes y hacer su vida fuera de la comunidad.

“Por un tema constitucional ya no es obligatorio vivir en la casa cuartel. Hay libertad de residencia y además uno puede ir a un destino en el que tenga un vínculo familiar. Históricamente lo tenían vetado: se ponía en duda la profesionalidad de los guardias si tenían vínculos con la población”, continúa el arquitecto Pinzón.

“Al final, cuando consiguen el destino en el que piensan quedarse ya empiezan a pensar en su vivienda privada y abandonan la casa cuartel. Yo me voy fijando y los cuarteles cada vez se hacen con menos pabellones. Al Estado le viene bien no tener alojado a todo el mundo y usar los pabellones para la población flotante que va de destino en destino”, añade.

La mayoría de los cuarteles son antiguos, de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Tras su fundación en 1844, la prioridad de la Guardia Civil fue expandirse “a pesar de no tener el acuartelamiento resuelto, ni arquitectónica ni económicamente”, dice Pinzón.

“Al principio ocupaban cualquier edificio susceptible de reconvertirse: antiguos cuarteles militares, palacios y hasta un granero. Hay ayuntamientos, diputaciones, organismos estatales y empresas privadas que han construido cuarteles. No es hasta la Segunda República cuando se toman medidas para revertir esta situación”, continúa. “Después, en el franquismo y gracias al apoyo del Instituto Nacional de Vivienda que los financiaba, la Guardia Civil consigue construir muchos cuarteles”.

Como en la vivienda social de la época, los arquitectos trabajaban con presupuestos ajustados y materiales muy precarios. No será hasta los 80 cuando un cuartel —el ubicado dentro del Castillo de Maqueda, en Toledo, actualmente en venta— adquiera cierta relevancia arquitectónica internacional. Más recientemente, el de Oropesa en Castellón también ha aparecido en revistas por la particularidad de la construcción.

Además de las casas cuarteles existen las comandancias, más grandes y ubicadas en las capitales de provincia. “Son el programa más completo. He visto proyectos con colegios, centro sanitario, gimnasios, piscina, economato…”, dice Pinzón. “Aspiraban a ser autosuficientes, a que no necesitaras nada fuera del cuartel. Es una idea muy ambiciosa pero habla de la endogamia de la Guardia Civil”.

La antigüedad y la falta de mantenimiento han provocado que, a día de hoy, haya 2.228 pabellones inhabitables, el 6% del parque total. Es una crítica habitual entre las asociaciones de guardias.

“Hay pabellones ruinosos. Y qué casualidad que son siempre los de la escala de cabos y guardias, que tienen que costear de su bolsillo cualquier reparación, mientras que para los pabellones de los oficiales sí existe presupuesto. Es una queja muy asidua entre los agentes del cuerpo, que sufren esta discriminación y ven que se da preferencia a los pabellones de altos mandos, que tienen mejores condiciones de habitabilidad“, critica el portavoz de la AUGC.

“Los cuarteles entran en fase decadente y sus arreglos, ya sabemos cómo es la burocracia, van a empujones. Pero yo monté el perfil de Twitter porque veía muchas críticas y quería fueran conscientes de que el problemón de los acuartelamientos no es de ahora, sino que ha existido siempre”, añade Pinzón.

Los guardias civiles no son los únicos funcionarios que pueden disponer de vivienda oficial —organismos como Patrimonio Nacional o el Ministerio para la Transición Ecológica también las ofrecen—, pero sus casas cuarteles sí son uno de los pocos ejemplos de vivienda colectiva para trabajadores, como la que se hacía para obreros, ferroviarios, maestros o carteros, que sobreviven.

Un debate del que pocos quieren hablar en público es si los guardias deberían pagar alquiler, equiparando sus pabellones a una vivienda social. Una de las fuentes consultadas sostiene que, de este modo, podrían cubrirse las rehabilitaciones necesarias.

En el pasado, las viviendas en la casa cuartel se ofrecían también como pago en especie. Pero entonces los guardias cobraban muy poco. “Eran la policía peor pagada. Se trataba de facilitarles la vida”, dice esta misma fuente.

“Al final es una casa de vecinos organizada militarmente. Creo que sería muy interesante un estudio sociológico de qué supone residir en un cuartel, qué atractivo tiene, cómo lo viven los hijos y las parejas de los guardias, qué demandas tienen”, concluye el arquitecto. “Haciendo la tesis encontré uno de la gendarmería francesa y pensé que aquí, si no está hecho, alguien tiene que hacerlo”.

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Noticias de okupas en España ⬛ Prostitución de menores, okupas, drogas y delincuencia en el barrio más poblado de Palma


Okupas, drogas, delincuencia y prostitución de menores en el barrio más poblado de Palma, Pere Garau, con casi 30.000 habitantes censados, y el que peor dotación de servicios públicos tiene de la capital balear.

Si hace cinco meses los vecinos se echaron a la calle para denunciar la conflictividad social que sufre la zona, la situación, lejos de mejorar, continúa igual o peor, en especial en determinados inmuebles de la calle Joan Bauzá, la más conflictiva de todas. En esta calle, la proliferación de okupas, las peleas a altas horas de la noche, los robos y la prostitución de menores conforman el día a día que padecen los residentes, todo ello a escasos 40 metros de un establecimiento turístico de cuatro estrellas.

Las denuncias a la Policía Local y Nacional son una constante entre el vecindario de esta vía por los altercados con menores dedicados a la prostitución y venta de drogas, que viven en pisos okupas y arrojan la basura directamente desde los balcones a la vía pública o mantienen peleas a voz en grito cada noche o la música a todo volumen.

En caso de que sean reprendidos por los vecinos, las amenazas están aseguradas. En una de las denuncias presentadas a la Policía Nacional a finales del mes de marzo, un residente refiere los improperios que recibió por parte de uno de los okupas: «Te voy a matar, no te preocupes que te voy a pillar por el barrio, te voy a meter una hostia» o en tono desafiante, «qué vas a hacer vieja fea, si somos menores».

Una de las vecinas del barrio de Pere Garau junto a la conflictiva vivienda de okupas.

Ante esta situación, hay residentes que están de nuevo proponiendo en grupos en redes sociales creados para alertar de cualquier novedad en la zona organizarse para tapiar fincas y pisos okupas de esta calle, tal y como sucedió meses atrás con una casa situada en la vía colindante de Joan Mestre o en la calle Manacor, en la conocida como la casa del terror, donde se prostituían menores tuteladas por el Consell de Mallorca.

Otro de los puntos siempre calientes de la zona es la Plaza de las Columnas, zona de botellón por excelencia para decenas de jóvenes y vagabundos del barrio, actualmente vallada por las obras que ejecuta allí el Ayuntamiento de Palma.

Esto ha provocado que los mismos que se concentraban en los bancos de este espacio público se hayan trasladado ahora a los portales de las fincas colindantes, como han denunciado a la Policía Local, sin resultado alguno,  decenas de residentes, especialmente, los fines de semana.

Aunque formaciones políticas de la oposición en el Ayuntamiento de Palma, como el caso de Vox, ha presentado propuestas al pleno municipal alertando de la degradación de la zona y exigiendo medidas para mejorar la atención policial, por ahora todo sigue igual… o empeorando.

Cabe recordar que una misión de europarlamentarios viajará a Palma los próximos días 11 y 12 de abril para investigar el escándalo de la prostitución de menores tuteladas por la Administración en Baleares. Tendrán que declarar la presidenta del Govern, Francina Armengol -lo hará en el Consolat-, y la consellera Fina Santiago, la presidenta del Consell de Mallorca, Cati Cladera y la cúpula del IMAS, entre otros, quienes responderán en el Hotel Bosque.



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